Este artículo fue publicado originalmente en Pacto Federal de Nexos.
Una de las grandes apuestas de los últimos años en materia de gobierno abierto (transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación) ha sido la famosa tarea de abrir datos públicos, mismos que se albergan en sofisticadas plataformas estilo repositorio y dashboards (tableros de visualización de datos). Estos proyectos se jactan de dar grandes beneficios a la ciudadanía: incidir en la toma de decisiones y crear políticas públicas más adecuadas a las necesidades de las personas.
Sin embargo, después de años de dedicarme a idear, diseñar e implementar políticas públicas y acciones comunitarias, que de una u otra forma tienen un fuerte componente de lanzar productos más o menos similares a estas plataformas, me he dado cuenta que en muchos casos se quedan sin un uso específico y por ende sin incidir. Terminan por ser visitadas por 10 a 20 personas al mes, que resultan ser los mismos que la gestionan. Esto representa una pérdida de recursos, de tiempo y dinero, además de un claro problema de seguimiento y estrategia para saber usar los datos e información.
El dato abierto no es un fin, es un medio de incidencia
El tema es que damos por hecho que tener datos e información crucial de la ciudad o de una secretaria de Estado en una plataforma digital hará que se muevan los engranajes para implementar políticas públicas. Damos por hecho que el presidente municipal, secretario, político, empresario o líder comunitario va a meterse a la plataforma o al repositorio y de manera casi automática entenderá un problema público e implementará una solución. La realidad es que no funciona así, la transparencia y abrir datos, así como generar reportes y estudios no es un fin, es un medio para lograr resolver los problemas públicos.
Después de repasar las victorias y fracasos implementando este tipo de proyectos, me atrevo a afirmar que como funciona en realidad es que generar, analizar y abrir datos es el primer paso para incidir e implementar. Un segundo paso son las dinámicas muy diversas y complejas que se resumen en el tratar de convencer a los tomadores de decisiones en que tienen que actuar con base en esos datos. Y un tercer paso es el implementar y arrancar los proyectos que emanaron de esos datos. ¿De qué sirve tener datos, información y conocimiento si no le llega a la persona que puede implementar e incidir?
Utilizando un ejemplo de cadena de suministro o de logística de algo tan sencillo como ordenar una pizza podemos responder la pregunta anterior. La entrega de última milla es el movimiento de mercancías desde un centro de distribución hasta su destino final, en general, el domicilio del cliente. Por ejemplo, en la cadena de logística de la pizza, la última milla empieza desde que el repartidor toma la pizza y termina cuando te la entrega en la puerta de tu casa.
En este caso, la pizza es un conjunto de datos, un reporte, un artículo académico, un mapa, un pitch, un diseño de política pública y el cliente es el tomador de decisión. ¿De qué sirve pedir la pizza y que nunca le llegue al que la pidió?
Esto lo concibo como “la última milla de la incidencia” que, siguiendo con el ejemplo de logística sería algo como: el proceso o dinámica que sigue un profesional de política pública para hacer llegar un dato, hallazgo o propuesta de política pública hasta su destino final, o sea, un tomador de decisiones. Lo que significa el espacio que hay entre la mejor información y la mejor persona posibles para incidir públicamente.
El caso de los MUPIs
Por ejemplo, hace cinco años decidí montar un proyecto de mapeo ciudadano para evaluar qué tanto el Mobiliario Urbano como Punto de Información (conocido como MUPIs, o las famosas mamparas de vidrio y metal que se colocan en las banquetas de la ciudad con anuncios publicitarios) atentaban contra la movilidad de las personas en el centro de Monterrey. Diseñamos una metodología que se guiaba por la normativa local, estatal y nacional e íbamos a evaluar cada uno de los MUPIs que encontrábamos para identificar si dejaban pasar a las personas, en qué condiciones se encontraban, entre otras características.
Después de analizar 134 MUPIs, encontramos que sólo cinco estaban bien colocados. Además, 129 incumplían al menos una normativa: no dejaban suficiente ancho de banqueta para peatones y en muchos casos no dejaban ni pasar una silla de ruedas. Lo que siguió fue ir a buscar a una regidora del municipio que nos abriera la puerta para discutir estos resultados y hacer un cambio. Después de un par de reuniones, la investigación sirvió para frenar una renovación de contratos de otro conjunto de MUPIs que se planeaban implementar con el mismo desapego a las reglas.
Reingeniería de Atención Ciudadana en San Pedro Garza García
Desde la administración pública sucede algo similar. En 2022, en el municipio de San Pedro Garza García iniciamos un proceso interno entre dos secretarías para mejorar la operación del sistema de atención ciudadana, servicio que atendía más de 40 000 reportes al año, con personal limitado y con procesos tradicionales. Después de analizar más de 100 000 reportes históricos, hacer análisis de experiencia de usuario a ciudadanos y a servidores públicos que usan sistemas y procesos internos, así como generar tableros de visualización de indicadores, logramos una propuesta de proyecto muy ambiciosa. Construimos un proyecto que buscaba una total reingeniería a los procesos a tal grado de digitalizar todo el protocolo de atención de reportes en campo, desde reparación de luminarias, hasta bacheo y atención a rescate de mascotas.
A lo que fueron ocho meses de análisis y diseño se añadieron otros seis meses de convencer a nuestros líderes de implementarlo debido a la ambición y dificultad de operación. Hicimos decenas de presentaciones, pruebas de concepto y pilotajes hasta que logramos convencer, no sólo a secretarios y altos mandos, sino hasta a los operativos en campo sindicalizados que llevaban entre 15 y 30 años trabajando con pluma, papel, y burocracia tradicional.
Para principios del 2024 logramos digitalizar todo el proceso de atención ciudadana a tal grado que disminuimos a casi cero el papel, además de hacer el proceso 51 % más rápido, tener 40 % menos errores en la resolución de reportes y obtener 18 % de incremento en la satisfacción ciudadana. El éxito del proyecto fue tal que fue reconocido por diversas instituciones: una evaluación de procesos de Consejo Nuevo León; ser reconocidos como una práctica exitosa de gobierno abierto por la Open Government Partnership; y el proyecto fundamental para obtener la certificación a nivel ciudad nivel plata de What Works Cities.
Justicia ambiental en West Oakland
Un último caso, que admiro y considero un éxito, es el del Proyecto de Indicadores Ambientales de West Oakland (WOEIP, por sus siglas en inglés), que es una organización de justicia ambiental comunitaria dirigida por residentes. Centran sus esfuerzos en mejorar la calidad del aire porque en esta zona de Oakland está el puerto de la ciudad: el noveno más grande de Estados Unidos en volumen de carga de contenedores. Esto significa una inmensa cantidad de camiones de carga propulsados a diesel lo que se traduce en muchas emisiones de contaminantes nocivos para la salud.
WOEIP llevaba décadas generando datos de calidad del aire y cruzándolos con datos públicos de salud para tratar de convencer a las autoridades de acciones clave en sus vecindarios. Por ejemplo, entre 2015 y 2016, realizaron un monitoreo sin precedentes de calidad del aire donde adecuaron sensores a carros y mapearon toda la zona a nivel calle en alianza con Google y el Environmental Defense Fund, esto luego fue replicado en otras ciudades como Londres, Salt Lake City y Houston.
Con este nivel de especialización WOEIP trató por muchos años de lograr la última milla de la incidencia. Pero no fue hasta que en 2017 los datos y liderazgo comunitario se transformaron en verdadera acción, cuando el estado de California aprobó la ley AB 617, que establece el mandato de crear Planes de Acción Comunitarios de calidad del aire en zonas prioritarias. Para la zona de West Oakland, con justa razón, el actor que tomó las riendas de este esfuerzo fue el WOEIP.
El Plan de Acción Comunitaria de West Oakland contiene 112 acciones vinculantes con la autoridad y fue construido en un proceso abierto y multiactor. Una de sus principales victorias ha sido el reactivar la conversación, que sigue gestándose hasta nuestros días, sobre prohibir los camiones en una carretera adyacente a la comunidad y mandarlos por otra vía alterna.
La disposición a hacer política
Este último caso nos hace pensar en: ¿qué hubiera pasado si WOEIP hubiera abierto los datos en su página sin buscar a la autoridad?, ¿qué hubiera pasado si no tomaban la oportunidad de la ley y de crear un plan usando más de veinte años de experiencia y datos? Quizá nada.
¿Qué hubiera pasado si los datos de los 134 MUPIs no le hubieran llegado a la regidora?, ¿qué hubiera pasado si no se hubiera utilizado el análisis de atención ciudadana para convencer de implementar la reingeniería de atención ciudadana en San Pedro? Tal vez nada. Mi conclusión es que parece ser que la “última milla de la incidencia” es realmente qué tan dispuesto está el profesional de política pública, analista de datos, activista o académico a hacer política.
Si no estamos dispuestos a hacer política, entonces no se podrá intentar solucionar el problema o verdaderamente solucionarlo. La única forma en que vamos a cambiar las cosas es llenando esos espacios vacíos para conectar los datos, información y conocimiento con el tomador de decisión.
Ningún repositorio de datos abiertos, tablero de indicadores o reporte de análisis del problema público servirá por sí solo para incidir, por más que esté bien hecho, si no es utilizándolo de manera estratégica para convencer al tomador de decisión. Los datos e información son un simple medio, no un fin en sí mismo. Ya sea un portal de datos abiertos de un municipio o proyectos más específicos como el reporte de los MUPIs, el análisis de atención ciudadana o los datos a nivel calle de calidad del aire, son simples instrumentos para buscar cambiar las cosas basándonos en evidencia.
El profesional de política pública, analista de datos, activista o académico debe entender qué tiene que hacer un paso extra en su trabajo: tratar de lograr la última milla de la incidencia usando sus hallazgos. Aprender de sus victorias y fracasos tratando de hacer política, así como en casos más estratégicos, aliarse con las personas indicadas que pueden convencer al tomador de decisión.
La esperanza es que algún día este proceso sea más sencillo debido a que el profesional de política pública— que sabe del valor de los datos para tomar decisiones— se convierta en un tomador de decisión que entiende que tiene que usar datos para tomar sus decisiones.
