Seguridad y Justicia

En Nuevo León imperará el Estado de derecho para dotar a las personas y comunidades de seguridad y libertad, respetando los derechos humanos e impulsando la cohesión social y una cultura de prevención y paz.

La seguridad ciudadana es un bien público, cuya operación vincula el ejercicio de la fuerza del Estado con la salvaguarda de derechos humanos fundamentales como la vida, la libertad de movimiento y la integridad personal.

Es una estrategia para mejorar la calidad de vida de la población con acciones comunitarias que prevengan la criminalidad, den acceso a un sistema de justicia eficaz y con educación basada en el respeto por la ley y la tolerancia (PNUD, 2014).

Para alcanzar este objetivo, Nuevo León tiene desafíos en varios frentes. Su posicionamiento geopolítico, por ejemplo, conlleva algunos retos en seguridad, como la cercanía de grupos del crimen organizado radicados en entidades colindantes y el fácil acceso a las armas de fuego ilegales desde Estados Unidos.

El Plan 2040 considera al Poder Ejecutivo de Nuevo León como el principal responsable de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas de seguridad con base en esos criterios.

Sin embargo, la seguridad también es una tarea de los municipios, la federación, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, órganos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, empresas, la academia, las comunidades y las personas que integran la sociedad.