Cuando una persona se capacita como testigo social, puede vigilar, con derecho a voz, las contrataciones con asignación de recursos públicos de dependencias y entidades del Gobierno del Estado. 

El curso de capacitación, que lleva seis ediciones, originó de Consejo Nuevo León e implementarlo está a cargo de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado. Con esta generación, el padrón de testigos sociales  del Estado suma 99 ciudadanos. 

Los ciudadanos que se acrediten pueden vigilar con la facultad de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León. Expertas y expertos del Tec de Monterrey, la UANL y la UDEM lideran las capacitaciones de los cursos del programa.  

Ana Fernanda Hierro explicó que Consejo Nuevo León apuesta por el programa porque va en la línea del Plan Estratégico de Nuevo León al 2040, que percibe a la atención a la corrupción desde un enfoque preventivo más que punitivo.

“La idea y nuestra convicción total es que es mucho más importante reducir espacios de discrecionalidad, detectar dónde hay riesgos, atender cualquier amenaza anticipadamente en vez de luego perseguir a alguien y tratar de meterlo a la cárcel”, explicó.

María Teresa Herrera Tello, Contralora General de Nuevo León, explicó que la figura representa una corresponsabilidad que debe haber siempre entre gobierno y sociedad y agradeció compartir el vigilar el correcto ejercicio del gasto público.

La Contraloría mejorará las experiencias de gobernanza y capacitación del curso, además de buscar una iniciativa de reforma de la Ley de Obras Públicas para permitir que los testigos sociales vigilen contrataciones más pequeñas a partir de 50 MDP, en vez de sólo aquellas de 197 MDP.